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(Nota Informativa)

El 8 de junio, miembros de RED DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE MADRID, se han reunido con Pedro Irigoyen Barja, Director General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.

La reunión parte de la solicitud formulada por el colectivo, de abrir una negociación con la Comunidad de Madrid, al objeto de plantearle sus reivindicaciones, expuestas y hechas públicas en las dos jornadas de protesta realizadas los días 19 de abril y 22 de mayo, a través de Concentraciones, delante de los Juzgados de Plaza de Castilla.

En el mismo encuentro, han participado también por parte de la Dirección General de Justicia, Álvaro Pinagua subdirector General de Recursos Humanos y Emilia Álvarez Tornero, subdirectora General de Régimen Económico. Por parte de Red de Abogados y Abogadas de Madrid, han asistido, Ángel López, Beatriz Hernández Abreu, Belen Bouza y Jose Manuel Olias.

La reunión ha sido larga, en concreto de más de dos horas, y en ella se han ido desgranando y analizando todas las cuestiones que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia y en las que la Comunidad de Madrid tiene competencias.

Así buena parte de la reunión se ha centrado en el mal estado de las instalaciones y sedes judiciales, con especial referencia a las precarias situaciones en que trabajan muchos de los funcionarios de Justicia, pero también los abogados y procuradores, y que por supuesto sufren los ciudadanos.

En este sentido, se ha hecho entrega de un dossier fotográfico, que a modo de ejemplo, recogía imágenes con  instalaciones judiciales en deplorable estado. Entre las fotos quizás más escandalosas, por significativas, están las de los cuartos de baño de Plaza Castilla y de Poeta Joan Maragal, que evidencian su pésimo estado y la falta de renovación desde hace décadas, algo que es, en realidad, una constante en casi todo lo existente en muchos edificios e instalaciones de la Justicia madrileña.

También se ha puesto de manifiesto que los medios materiales con que cuentan los Juzgados son claramente insuficientes y presentan graves carencias; mobiliario, equipamiento informático desfasado, etc., así como que deben aumentarse las plantillas de funcionarios y reducirse drásticamente el número de interinos e invertirse en la formación y preparación de los mismos. Al estar presentes los máximos responsables de Recursos Humanos de la Justicia Madrileña, muy de pasada se ha comentado sobre el absentismo y el control que sobre las jornadas laborales de los funcionarios se realiza, estando de acuerdo todos los presentes, en que no es un problema generalizado, pero que dado que algunos funcionarios abusan, debe aumentarse el control para erradicar totalmente esas prácticas e incluso la sospecha de que puedan tener lugar.

Se ha insistido, en que, al margen de ello, el principal problema de la Justicia es la falta de presupuesto económico con el que hacer frente a todas esas carencias, destacando la gráfica idea de que la Justicia no es un “Chicle que se pueda ir estirando y con ello tapando todo”.

Por los responsables de la Consejería se ha puesto de manifiesto que hacen todo lo que pueden y el Director General ha asegurado que trataría de conseguir más presupuesto.

Se ha abordado el problema de los Juzgados Uniprovinciales de Cláusulas Abusivas, los conocidos como Juzgados Pozo o Trampa, aportando datos y cifras reales de su situación y estado, tales como la existencia de más de 45.000 demandas en el juzgado 101 bis, existiendo otras 70.000 pendientes de reparto.

Por la Comunidad de Madrid se ha manifestado que ellos han aportado los medios y personal requerido por el CGPJ. A lo que se les ha contrarreplicado que es insuficiente y que no deja de ser un grave problema de su competencia, por cuanto se trata de un tema de consumo, y que además, son los ciudadanos de Madrid, los consumidores madrileños, los que lo sufren y padecen. También se ha explicado lo ilógica de esta medida dado que Madrid con 6 millones de habitantes tiene un Juzgado mientras que Andalucía con 7 millones tiene 7, uno por provincia.

Al hilo de esto, se han aportado señalamientos de juzgados para finales de 2019, y se ha explicado, con datos reales de procedimientos, como es habitual, que para reclamar una deuda, haya que invertir entre 2 y 4 años. Lo que en definitiva, supone casi hablar, de una justicia fallida.

Se les ha trasladado la incorrección de entender la Justicia como un gasto, cuando es una inversión en bienestar para la ciudadanía y un revulsivo para las empresas, y además es un sector económico propio que genera importantes ingresos a las arcas públicas, por vía directa e indirecta, a través la propia actividad económica de los abogados y demás profesionales del sector.

La parte final de la reunión se ha dedicado a abordar ampliamente todo lo relativo a la justicia gratuita y el turno de oficio. En este sentido se han trasladado las reivindicaciones de Red de Abogados de Madrid tendentes a la necesidad de un incremento de un 45% de los baremos. Explicándose a los responsables de la Comunidad de Madrid, que es perfectamente asumible, si se aborda en 3 años, a través del compromiso de subidas del 15% anual.

Por supuesto se les ha trasladado lo indigno e intolerable de que los pagos se vengan realizando con tanto retraso, teniendo que adelantar los abogados el dinero de su bolsillo.

La Consejería se informa que se está trabajando en todo este área y que esperan poder en este año establecer el pago mensual de las indemnizaciones del Turno, para lo cual resulta necesario modificar determinadas normativas, siendo esta cuestión técnica, que al parecer se ha detectado en el último momento, por lo que no está ya realizándose.

Por parte de los miembros de RED DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE MADRID, se ha agradecido la atención recibida, informando que se mantendrán las movilizaciones y medidas de presión, mientras estas reivindicaciones y otras que son de ámbito competencial estatal, no sean una realidad.

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